Facultad de Derecho. Campus Ramón y Cajal.
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La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (en adelante, la Oficina Andaluza Antifraude), creada por la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante (en adelante, la Ley 2/2021, de 18 de junio), y con CIF Q-4100967-A, es una entidad de derecho público, adscrita al Parlamento de Andalucía, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar.
Entre las finalidades de la Oficina están las de “prevenir y erradicar el fraude, la corrupción, los conflictos de intereses o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses públicos o financieros del sector público andaluz y demás instituciones, órganos y entidades públicas incluidos en su ámbito de aplicación, así como el impulso de la integridad y la ética públicas, la protección de las personas denunciantes y la promoción de una cultura de buenas prácticas en la gestión de los recursos públicos” (artículo 7 de la Ley 2/2021, de 18 de junio).
La Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia es una Corporación de Derecho Público para la investigación, cultivo y difusión de la Ciencia del Derecho y para el cumplimiento de sus fines realizará entre otras, conforme establece el artículo 4º de su Estatutos las siguientes actividades: Promover estudios, investigaciones, reuniones científicas, cursillos, conferencias, publicaciones, dictámenes y en general, cuantas actividades puedan redundar en el estudio, progreso y propagación de la Ciencia del Derecho. Establecer relaciones con entidades similares, con las Universidades de España y del extranjero y otros Centros de carácter análogo para el intercambio de conocimiento. Promover la publicación de sus actividades y contribuir a la difusión de las investigaciones sobre materia jurídica.
La Asociación de Letrados de Entidades Locales de Andalucía es una asociación sin ánimo de lucro, entre cuyos objetivos fundamentales se encuentra “promover y colaborar en el estudio e investigación del Derecho Local estatal y autonómico, así como el apoyo a cuantos profesionales, estudiosos, e investigadores se dediquen a todo lo relativo al Derecho Local, contribuyendo con su labor a la promoción y defensa de los intereses de las Entidades Locales de Andalucía” (artículo 6º de sus Estatutos), y “para el desarrollo de estos fines podrá realizar todo tipo de actividades, tales como conferencias, seminarios, elaboración de publicaciones, etc, así como cualquier otra que contribuya a la promoción de los intereses de sus asociados. Igualmente podrá participar en todos los foros y organismos culturales, autonómicos, estatales e internacionales, que redunden o tengan incidencia en orden al cumplimiento de sus fines” (artículo 7º de sus Estatutos).
La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP, en adelante), conforme a sus Estatutos, es una institución autónoma, destinada a impartir educación superior, promover la investigación y proyectarse a la comunidad a fin de contribuir al desarrollo nacional; es una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro; se rige por los artículos pertinentes de la Constitución Política del Perú, por la Ley Universitaria 30220, por su Estatuto y por sus propios reglamentos.
Tanto el Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica como la PUCP tienen un nutrido grupo de investigadores que se dedican de forma particular al estudio del Derecho y la Gestión de Aguas, lo que permitirá promover las relaciones académicas y culturales para el cumplimiento de los objetivos a alcanzar.
La Universidad de Coimbra es una institución creada con la misión de realizar un análisis crítico, transmitir y difundir la cultura, la ciencia y la tecnología mediante la investigación, la educación y la prestación de servicios a la comunidad, contribuyendo al desarrollo económico y sociales, la defensa del medio ambiente, para promover la justicia social y una ciudadanía informada y responsable y para consolidar la soberanía asentada en los conocimientos (Artículo 2 de los Estatutos de la Universidad de Coimbra). Dentro de esta Universidad el Instituto Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra, de acuerdo con su Estatuto aprobado el 19 de julio de 2012, tiene atribuida la promoción de la investigación organizada.
La Asociación de Letrados de la Junta de Andalucía (ALJA) es una asociación sin ánimo de lucro inscrita en el Registro de Asociaciones de la Delegación del Gobierno en Sevilla, cuyos objetivos fundamentales se centran en promover el estudio del derecho propio de Andalucía, velar por la dignidad profesional de sus miembros y mejorar, mediante el perfeccionamiento y constante formación intelectual de los mismos, el ejercicio de sus funciones y contribuir a la promoción y defensa de los intereses de Andalucía.
La Asociación de Inspectores e Inspectoras de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía (AIOTUV), es una asociación sin ánimo de lucro inscrita en el Registro de Asociaciones de la Delegación del Gobierno en Sevilla, cuyos objetivos fundamentales se centran en velar por la dignidad profesional de sus miembros y mejorar, mediante el perfeccionamiento y constante formación intelectual de los mismos, el ejercicio de funciones, desde la autonomía e independencia, que están intrínsecamente vinculadas al efectivo cumplimiento normativo y al control de la ilegalidades urbanísticas con respecto al principio de legalidad.
El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Sevilla (COSITAL Sevilla) es una corporación de derecho público de carácter profesional y de estructura y funcionamiento democrático, con personalidad jurídica propia e independiente y dotada de plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. El Colegio agrupa a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, que ejercen sus funciones profesionales en el ámbito territorial de la provincia de Sevilla y que libremente han decidido incorporarse al mismo. Los fines esenciales del Colegio son: 1) La ordenación del ejercicio de la profesión; 2) la representación de la profesión y de los intereses de los colegiados; 3) la defensa de los intereses corporativos de los mismos y 4) velar por el adecuado nivel de calidad de las prestaciones profesionales de los colegiados y por la defensa de sus derechos e intereses.
El Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 50/1987, de 25 de febrero, tiene entre sus fines específicos, la formación y el perfeccionamiento del personal al servicio de la Junta de Andalucía, de la Administración de Justicia en Andalucía y de la Administración Local comprendida en el territorio de la comunidad Autónoma, pudiendo colaborar, para el cumplimiento de éstos, con entidades públicas o privadas con funciones en materia de formación.
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