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La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (en adelante, la Oficina Andaluza Antifraude), creada por la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante (en adelante, la Ley 2/2021, de 18 de junio), y con CIF Q-4100967-A, es una entidad de derecho público, adscrita al Parlamento de Andalucía, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar.
Entre las finalidades de la Oficina están las de “prevenir y erradicar el fraude, la corrupción, los conflictos de intereses o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses públicos o financieros del sector público andaluz y demás instituciones, órganos y entidades públicas incluidos en su ámbito de aplicación, así como el impulso de la integridad y la ética públicas, la protección de las personas denunciantes y la promoción de una cultura de buenas prácticas en la gestión de los recursos públicos” (artículo 7 de la Ley 2/2021, de 18 de junio).
